El dictamen pone en juego si el ingreso de un político extranjero bajo investigación en su país puede ser cuestionado judicialmente cuando los registros oficiales no marcan impedimentos. Mientras tanto, las causas que tramitan en Comodoro Py mantienen abierto el expediente y el resultado puede definir criterios para futuras visitas de dirigentes con procesos pendientes. La discusión queda así entre el control migratorio y la responsabilidad del Gobierno frente a una denuncia que todavía no se resolvió.