Conga está frenado desde 2011, pero la minería ilegal ya se instaló en su entorno y puede extenderse a diez puntos de la región, según la advertencia fiscal. El precedente de Pataz, con violencia y control criminal, marca hasta dónde podría llegar el problema si no hay presencia del Estado. Lo que se pone en juego es el control del territorio en una zona donde cada expansión cambia quién manda.