Trescientas hectáreas de bosque equivalen a unos 420 campos de fútbol, y la tala se hizo sin la evaluación ambiental que exige la ley. El caso pone a prueba si las grandes tecnológicas pueden operar con permisos que nadie revisó antes de avanzar sobre el terreno. Para el entorno, el daño no se revierte con una multa: el ecosistema que se pierde tarda décadas en recomponerse. Mientras la investigación avanza, la discusión sobre quién controla los permisos de uso de la tierra queda abierta.