El depósito deberá aislar residuos radiactivos durante miles de años, un plazo que supera por mucho cualquier registro institucional existente. Una vez cerrado, nadie podrá vigilarlo ni corregir fallas, así que la seguridad dependerá por completo de decisiones tomadas hoy. Lo que está en juego es si la sociedad puede garantizar que la información sobre ese lugar sobreviva a sus propios gobiernos. El proyecto obliga a pensar qué heredamos cuando dejamos residuos que nadie sabrá cómo manejar.