Una recompensa de esa magnitud y un plazo tan corto marcan una presión directa sobre un caso que involucra a la órbita del ex presidente Rodrigo Duterte. La medida pone en juego la capacidad del Estado filipino de llevar a juicio a figuras cercanas al poder anterior y muestra que la persecución judicial sigue activa. Lo que venga después en los próximos días dirá si la presión alcanza para forzar una entrega o si el caso se estanca.