Cuando un condenado por abuso de menores recupera la libertad, la carga de la vigilancia y la protección vuelve a caer sobre familias y escuelas, muchas veces sin recursos para hacerla. El debate chileno muestra la tensión entre el cumplimiento de las condenas y el reclamo de las víctimas, que sienten que el sistema las deja solas. La discusión sobre quién controla a quien sale en libertad no tiene una respuesta cómoda para nadie.