Si la propuesta avanza, cambiaría el régimen de acceso al aborto para adolescentes de 16 y 17 años en España, un terreno hoy regulado por la ley vigente. Una exigencia de notificación a los padres impacta directamente en la autonomía de las menores y en su acceso a la atención médica. Lo que se pone en juego es quién decide sobre el cuerpo de una adolescente cuando el vínculo familiar no es un espacio seguro.