La acusación convierte un episodio de orden público en un eje de campaña para las elecciones al Congreso. Cuando los disturbios se usan como munición electoral, el debate sobre seguridad y responsabilidad política se mezcla con la competencia partidaria. El votante recibe la misma escena leída desde dos bandos, y la discusión sobre qué pasó queda en segundo plano frente a quién tiene la culpa.