Miles de familias viven sin saber si sus parientes están vivos, muertos o retenidos, y esa incertidumbre les impide cerrar un duelo, cobrar herencias o tramitar documentos. La falta de registros fiables sobre las desapariciones hace difícil que las víctimas accedan a reparación. Sin una búsqueda sistemática, el conflicto deja una deuda que pasa de una generación a la siguiente.