Tres niñas, tres estados, ninguna certeza. Romina, de 8 años, habría sido entregada en Puebla a cambio de una casa; Yeimi y Yamileth desaparecieron en Guerrero y Jalisco. Los casos no tienen un vínculo probado entre sí, y no corresponde afirmarlo. Pero sí comparten algo que pesa más que cualquier coincidencia: cada una vive en una jurisdicción distinta, con su propio expediente, su propia fiscalía y su propio ritmo.

Ahí está el problema de fondo de las búsquedas de menores. Un delito que cruza fronteras entre estados se investiga, en la práctica, por pedazos. Cada oficina ve una parte, y lo que podría revelar una red o una ruta queda repartido en carpetas que no conversan. Cuando una niña desaparece, las primeras horas y los primeros días son los que definen el desenlace; la distancia burocrática entre un estado y otro se come justo ese tiempo.

Lo de Romina agrega una pieza incómoda: la posibilidad de que una menor sea tratada como moneda de cambio, y de que quien se la lleve sea alguien que no parece una amenaza. La trata rara vez empieza con un desconocido en una camioneta; muchas veces empieza con una promesa, una necesidad concreta y un adulto que ofrece resolverla. Es una lógica que no es exclusiva de México: donde hay urgencia económica y vínculos frágiles, ese mecanismo encuentra terreno, también en nuestras provincias.

En la Argentina lo sabemos bien: la memoria de las madres y los padres que buscaron a sus hijos enseñó que una desaparición no se resuelve en silencio, sino con familias organizadas y una sociedad que no deja que el caso se enfríe. Esa es la conclusión que queda: la búsqueda de un chico no depende solo de la eficacia de las instituciones, sino de que nadie deje de mirar. Mientras el nombre siga circulando, el expediente sigue vivo.