Si los vuelos se concretan, personas con enfermedades graves serían enviadas a países con los que no tienen ningún lazo, lejos de sus familias y de cualquier red de atención médica conocida. El caso pone a prueba los límites de las deportaciones a terceros países en plena campaña de medio término, y deja en juego la salud y la seguridad de personas que hoy no pueden decidir su destino. Lo que pase en los próximos días marcará cuánto margen tienen los abogados y las familias para frenar un traslado.