Que un exministro llegue a juicio por haber ordenado un asesinato político pone a prueba la capacidad de la justicia ecuatoriana para llegar a quienes planifican crímenes desde el poder, no solo a quienes los ejecutan. El resultado definirá si la impunidad de los autores intelectuales tiene límite. Para la vida pública, en juego queda la seguridad de cualquiera que denuncie a quienes gobiernan.