Durante casi seis años, un funcionario de la agencia migratoria estadounidense habría aprobado trámites a personas que no reunían los requisitos, a cambio de dinero. El monto de casi 960.000 dólares muestra el tamaño del negocio ilegal dentro de una oficina pública. Para quienes esperan una residencia o ciudadanía, el caso deja en evidencia que los controles internos fallaron durante años.