Las denuncias que vinculan a un expresidente con una red de favores sexuales se disputan en la opinión pública antes que en un expediente judicial, y esa diferencia pesa sobre cómo se leerán las pruebas que vengan después. La respuesta de quien estuvo casada con él marca una línea entre lo que se afirma y lo que se demuestra. Mientras no haya resolución de la justicia, el país queda obligado a separar el relato de la prueba.