El caso deja expuesta la tensión entre los acuerdos de sometimiento a la justicia negociados por el gobierno anterior y los pedidos de extradición que pesan sobre sus protagonistas. Revocar el estatus de gestor de paz reabre preguntas sobre la credibilidad de esos procesos ante los grupos que negocian con el Estado. Lo que se resuelva con este extraditado puede marcar el rumbo de otros casos pendientes.