El texto que queda sin definir es el que determina a quién alcanzan las sanciones y con qué margen de maniobra cuenta el Ejecutivo para aplicarlas. Cada semana sin tratamiento en el Congreso deja la discusión en manos de negociaciones que se dan puertas adentro, con una presión externa que ya condiciona el contenido de la ley. Lo que está en juego es quién define la política sobre el Atlántico Sur y con qué reglas.