Un contrato de un dólar por el modelo de lenguaje más avanzado del momento sugiere que el valor de la IA no se mide en la compra sino en lo que viene después: datos, dependencia y control de la infraestructura. Si el Estado consigue acceso casi gratuito a una herramienta que el mercado cotiza en miles de millones, el costo real lo pagan quienes financian la competencia y quienes quedan afuera de ese acceso. Esa asimetría define quién va a decidir cómo se usa esta tecnología en los próximos años.