Quedar fuera del programa implica perder aranceles preferenciales para exportar al mercado estadounidense, lo que encarece los productos de esos países frente a competidores. Para Sudáfrica y Ruanda eso se traduce en menos ventas, presión sobre empleos industriales y agrícolas, y menos margen para negociar con otros socios. La decisión muestra que el acceso comercial también funciona como herramienta de presión política, y el costo lo pagan trabajadores que no participaron de la disputa.