Cada ataque de este tipo suma muertes sin juicio previo, y ya son al menos 70 casos. Las víctimas son presuntos sospechosos cuya culpabilidad no se ha probado ante ningún tribunal. El debate de fondo es hasta dónde un Estado puede usar la fuerza militar contra el narcotráfico sin pasar por la justicia. Ese límite, una vez corrido, rara vez vuelve a su lugar.