La imputación pone en juego la continuidad de una causa que tiene como eje una transferencia de 200 mil dólares y la posibilidad de que la Cámara Federal de San Martín revierta el procesamiento. Para el resto de los ciudadanos, el caso muestra cómo una investigación por lavado puede avanzar aun cuando la defensa sostiene que la prueba central todavía no existe.