Un exdiputado procesado por lavado de dinero llevó su caso a una instancia superior, con un embargo de $1.000 millones y una restricción para salir del país todavía vigentes. La apelación define si el procesamiento se sostiene o si la causa puede cerrarse. Mientras tanto, la discusión se da sobre una transferencia concreta de US$ 200.000 vinculada a un empresario investigado.