Mientras la causa sigue su curso, el embargo de $1000 millones y la prohibición de salir del país continúan vigentes hasta que la Cámara resuelva la apelación. Si el sobreseimiento prospera, se cierra una investigación por lavado de dinero contra un dirigente político; si no, el procesamiento queda firme. Cualquiera de los dos desenlaces va a pesar en la discusión pública sobre el control de las finanzas de la política.