El proyecto mezcla dos terrenos que suelen manejarse por separado, la reivindicación territorial y la seguridad interior, y eso cambia qué herramientas del Estado quedan habilitadas. Cuando una ley define qué es una amenaza a la soberanía, también define quién decide qué es una amenaza. Ese punto va a pesar mucho más que la discusión de votos en el recinto.