El premio pone en primer plano a un tribunal que enfrenta presiones políticas y cuestionamientos de varias potencias, y que depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus decisiones. El respaldo de un organismo europeo y de un gobierno como el español refuerza la legitimidad de la institución en un momento en que su futuro está en discusión. Lo que se juega es si la justicia penal internacional puede sostenerse sin el apoyo de los países más poderosos.