El operativo montado para impedir saqueos como los del 17 de octubre muestra cuánto costó al Estado sostener la calle sin desbordes. Cada marcha ordenada depende de un despliegue que pocos ciudadanos ven y que se paga con recursos públicos. Lo que se pone en juego no es solo la protesta, sino cuánta seguridad está dispuesto a pagar un gobierno para que la protesta siga siendo protesta. Cuando la calma necesita tanta fuerza, la pregunta de fondo es quién se queda sin voz cuando el operativo no alcanza.