Una empresa privada decidió qué operaciones militares podían hacerse con una red de comunicaciones, y eso alteró el curso de combates en una guerra activa. Se trata de un precedente: la conectividad satelital depende de los términos de uso de un particular y no de un Estado. Gobiernos, ejércitos y civiles de zonas en conflicto quedan expuestos a decisiones corporativas tomadas con reglas propias. El control de las comunicaciones de guerra ya no pasa solo por los ministerios de defensa.