Cuando las amenazas de muerte alcanzan a una madre y a su hija, el problema deja de ser un conflicto entre familias y pasa a ser un riesgo concreto para dos personas que no participan del pleito. El hecho de que la denuncia todavía no se haya hecho implica que, por ahora, no hay una investigación penal en marcha sobre quien las envía. Lo que se pone en juego es si la protección de una persona depende de cuán poderosa sea su familia o de si el sistema actúa antes de que pase algo. Lo que sigue será ver si la justicia toma el caso de oficio.