Las denuncias apuntan a material manipulado con imágenes de chicos, un delito que exige identificar a cada víctima y a quien produjo o difundió las fotos. Mientras la investigación avanza, las familias quedan a la espera de saber si sus hijos fueron alcanzados y qué alcance tuvo la circulación. Cuando la violencia digital entra a una escuela, la pregunta deja de ser solo técnica: también se pone en juego la confianza que los padres depositan en la institución.