La medida afecta a más de 160.000 personas que quedaron sin voto en una elección en curso, y pone en juego el alcance de una ley que reconoce la ciudadanía por vía de ascendencia. El plazo es corto y el apercibimiento penal eleva el conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a un nivel poco habitual. Lo que el Gobierno entregue, o no entregue, va a definir cuánto se pueden defender esos derechos en los tribunales.