Las rebajas de condena afectan directamente a personas presas y a las víctimas de sus delitos, y la discusión sobre quién firma y bajo qué criterio define cuánta responsabilidad tiene cada funcionario. Cuando la decisión se reparte entre el subsecretario y el ministro, el control externo se vuelve más difícil. Lo que se pone en juego es si la cadena de responsabilidad es clara para quienes sufren las consecuencias.