Cuando el máximo tribunal interviene sobre el cronograma de una elección en curso, el problema deja de ser técnico y pasa a ser de confianza: los votantes, los fiscales y los propios organismos electorales deben reacomodarse en horas. Un cambio de este tipo obliga a explicar cada paso y deja abierta la pregunta sobre qué autoridad tiene la última palabra en el proceso. La legitimidad de un resultado depende tanto de los votos como de las reglas que se respetaron para contarlos.