El pedido deja expuesta la relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo, porque la presencia de la vicepresidenta en un acto de Estado depende de una decisión que no le corresponde al Congreso. Si el Gobierno no lo acepta, la diferencia quedará registrada en la agenda de la visita. La invitación al Congreso suma un segundo punto de tensión sobre dónde se recibe al líder de la Iglesia durante su paso por el país.