Un proyecto que crece en más de veinte artículos antes de llegar a votarse cambia el alcance de lo que se discute, porque cada agregado puede modificar penas, inversiones y facultades del Estado. Los cambios en materia de inversiones extranjeras y seguridad nacional afectan a empresas, a quienes trabajan en sectores estratégicos y a cualquier ciudadano alcanzado por nuevas penas. Lo que se decida en el Congreso definirá hasta dónde llega el control estatal sobre actividades que hoy se rigen por reglas más flexibles.