Los disturbios dejaron negocios dañados y una discusión abierta sobre quién responde por la seguridad en una ciudad clave del país. La visita del líder opositor a los comerciantes convierte el episodio en una disputa política sobre la respuesta del Estado. Lo que se decida sobre la reparación y la protección de los locales va a marcar la relación entre el gobierno central y la Generalitat.