Las 80 unidades desarticuladas en 30 campus estadounidenses ponen en juego el vínculo entre universidades y financiamiento extranjero, que hasta ahora se manejaba con poca supervisión federal. Para los estudiantes y los investigadores, el cambio puede afectar convenios, programas de intercambio y el acceso a ciertas becas. La medida también marca un nuevo límite en la relación académica entre Washington y Pekín.