Los cambios negociados con Estados Unidos dejan intactas las facultades militares del Presidente, que podrá ordenar derribar aviones o hundir buques sin pasar por el Congreso. Al mismo tiempo, las empresas investigadas por la exploración en Sea Lion tendrían una salida para evitar la sanción. La ley queda así con más margen para el Ejecutivo y menos alcance para quienes operan en el sector.