La convocatoria pone en juego la coordinación entre fiscalías y organizaciones de distinta naturaleza en la provincia de Buenos Aires, un vínculo que determina cómo se canalizan denuncias, asistencia a víctimas y causas que cruzan varias áreas del Estado. Cuando una red de más de sesenta instituciones se articula bajo un mismo esquema, cambia la forma en que se derivan casos y se comparten recursos. El resultado concreto dependerá de si estos acuerdos se traducen en protocolos y compromisos verificables.