La acusación recae sobre una persona que cuidaba a una adulta mayor de un siglo de edad, un grupo especialmente vulnerable frente a los abusos. Que el entorno de la imputada salga a justificarla expone cómo se naturalizan estas situaciones dentro de los hogares. Lo que se resuelva en la causa definirá qué garantías de control y responsabilidad existen para quienes contratan cuidados domiciliarios.