Al descartar que el PSOE espere una opinión de la Abogacía Española, el juez deja claro que la discusión sobre secreto profesional no frena la investigación. Si el partido no cumple, la causa podría escalar hacia medidas más duras contra la formación. Lo que está en juego es si una organización política puede usar la confidencialidad de sus contratos legales para demorar una instrucción judicial en curso.