La investigación pasa ahora a cruzar los obsequios oficiales registrados durante la presidencia con el conjunto de joyas encontrado, un cotejo que puede confirmar o descartar que parte del patrimonio tenga origen protocolar. Si las piezas no figuran en esos registros, el caso se complica y reabre preguntas sobre quién las entregó y con qué fin. Para un exjefe de gobierno, la diferencia entre un regalo institucional declarado y un bien sin respaldo documental es la que determina si hay un problema penal. El resultado de ese cruce será clave para el rumbo de la causa.