Cuando se mide qué hay de un plaguicida en el aire, el suelo y el cuerpo de una persona, lo que se produce es un dato que antes no existía. Sprint hizo eso en Argentina: analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de voluntarios, y lo hizo bajo la dirección de Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce. Con su exoneración, el Consejo Directivo del INTA aplicó la sanción más severa del régimen de empleo público nacional: salida definitiva del organismo e inhabilitación para trabajar en la administración pública nacional.

Un estudio de este tipo no se sostiene solo en un protocolo. Se sostiene en quien conoce a los voluntarios, el territorio, las muestras y los métodos con los que se las analizó. Ese conocimiento vive en las personas, y cuando la que lo concentraba deja el organismo, lo que queda es un expediente de resultados sin la mano que sabe leerlos. Los motivos formales de la sanción figuran en la nota completa y es ahí donde corresponde buscarlos; lo que no admite dudas es el efecto práctico sobre la continuidad del trabajo.

Para quien vive o trabaja cerca de un campo, la pregunta es concreta: qué se midió, con qué resultados y qué se va a seguir midiendo. En un país donde buena parte de la población convive con la actividad agrícola, saber cuánto de lo que se aplica llega a los cuerpos es información de salud pública, no un debate de laboratorio. Y esa información vale en la medida en que sea pública, comparable y sostenida en el tiempo.

La conclusión es que la ciencia sobre exposición a agroquímicos no se mide por un episodio sino por su continuidad. Una medición aislada no dice nada; una serie de años permite ver tendencias. Lo que el INTA haga con los resultados de Sprint y con quién los retome va a definir si esto queda como una foto vieja o como el primer tramo de una referencia que la gente de zonas agrícolas pueda consultar dentro de una década.