Una inversión de 100 millones de dólares en herramientas de análisis de vínculos personales amplía de manera significativa la capacidad del Estado para seguir a personas que no tienen voz en ese proceso. Cuando la información sobre familia, contactos y hábitos queda en manos de una agencia migratoria, el alcance de esa vigilancia tiende a crecer más allá del objetivo declarado. Para los migrantes, cada dato cargado puede convertirse en una pieza de un expediente que no siempre pueden ver ni corregir.