El acuerdo fija un aumento del 37,5% para los empleados judiciales de la provincia durante 2026, lo que marca una referencia para otras paritarias del sector público rionegrino. Para los trabajadores significa una recomposición de ingresos que deberá medirse frente a la inflación prevista para el período. La definición cierra un frente de conflicto en la administración de justicia y deja pendiente cómo se financiará el compromiso en el presupuesto provincial.