El planteo marca cómo el Ejecutivo vasco ubica a esos grupos dentro del debate político de la comunidad, con el peso institucional de una respuesta oficial. Lo que se pone en juego es la forma en que se resuelven los conflictos de poder en una región con una larga historia de tensiones. Cuando el Gobierno define a un sector como minoritario y violento, el margen para negociar con ese sector se achica.