Si se concreta, 20.000 personas podrían quedar sin una prestación que hoy cobran mientras sus casos se reevalúan, con el impacto directo que eso tiene en sus ingresos y tratamientos. La medida se discute en paralelo al debate parlamentario, así que el resultado final dependerá de lo que decida el Senado. Lo que está en juego es cuánto control se puede ejercer sobre los beneficios sin dejar desprotegidos a quienes los necesitan.