Para miles de personas con discapacidad, el pago mensual es el ingreso principal del hogar, y su suspensión significa atrasos en alquileres, medicamentos y transporte. El plazo de 60 días corre desde ya, y quien no reúna la documentación a tiempo puede quedar sin cobrar mientras se resuelve su caso. Lo que está en juego es el ingreso de personas que dependen de cada mes para vivir.