El pedido del gremio buscaba abrir un debate sobre la transparencia del estado de salud del presidente, un asunto que la ley no obliga a publicar en detalle. La respuesta administrativa deja la discusión abierta y traslada al ciudadano la tarea de evaluar qué información corresponde a la figura presidencial. Lo que queda en juego es cuánto de la vida privada de quien gobierna forma parte del control público.