El Gobierno respondió a un gremio estatal que pidió un informe psicofísico de Milei
“Que el voto legitime a alguien no responde por sí solo si está en condiciones de ejercer el cargo: la pregunta sobre quién controla a quien sigue abierta.”
Cuando un sindicato le pide a la Presidencia información sobre la aptitud psicofísica del Presidente y la respuesta es que el cargo es de elección popular y que el mandatario es competente, lo que queda a la vista es un hueco: no hay un procedimiento público y conocido que diga quién evalúa la salud de quien conduce el Estado, ni cuándo, ni con qué criterio. La Secretaría General, a cargo de Karina Milei, contestó el requerimiento de ATE; el gremio lo calificó de incompleto y evasivo, y el reclamo sigue abierto.
El voto legitima el origen del mandato, pero no certifica la capacidad de ejercerlo día a día. Son dos cosas distintas, y casi nadie las separa en la charla cotidiana. Un piloto, un colectivero o un maestro rinden controles periódicos de aptitud; el cargo que concentra más decisiones del país, en cambio, se apoya en una presunción. Funciona mientras nadie la discute, y la mayoría de las veces nadie la discute.
Para eso existe un andamiaje que casi nunca se mira. La ley de sucesión presidencial en caso de acefalía, la 20.972, promulgada en 1975, ordena quién reemplaza al Presidente cuando falta o no puede ejercer. Prevé la consecuencia, pero no el camino previo: cómo se constata esa imposibilidad. La Constitución habla de ausencia, enfermedad o inhabilidad, y deja en manos del Congreso resolver. En el medio queda un tramo sin reglas escritas, que se llena con interpretación política.
Esa falta de reglas no es una rareza argentina ni de este gobierno: es una deuda de las democracias que confían más en el momento de la elección que en el recorrido posterior. La transparencia sobre la información pública, que las universidades vienen estudiando en organismos nacionales y provinciales, muestra que los Estados cumplen mejor lo que está pautado que lo que depende de la voluntad de quien responde.
La conclusión es simple y sirve de referencia: una institución sólida no es la que evita las preguntas incómodas, sino la que ya tiene escrito de antemano cómo se contestan. Lo que se define con calma y para todos protege más que lo que se improvisa cuando alguien lo reclama.
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