Lo que está en juego es el derecho al voto de más de 163 mil personas nacidas en el extranjero con ascendencia española, cuya habilitación depende de un trámite contra reloj. Si el Gobierno no llega a tiempo, la multa del Supremo se suma a un problema que puede dejar fuera de la elección a un número considerable de electores. El refuerzo de personal en los consulados muestra cuánta presión hay sobre una administración que todavía no define el padrón final.