Cada sentencia firme que se ejecuta deja claro que la atención en el parto puede generar responsabilidad estatal concreta. Para quien da a luz en un hospital público, el caso muestra que los reclamos por malos tratos en la maternidad pueden terminar en una condena y en un desembolso que sale del presupuesto de todos. La demora de cuatro años entre el fallo y el pago también dice algo sobre cuánto tarda la justicia en volverse efectiva.